El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denuncia que, de manera solapada y deliberada, el Gobierno Nacional incorporó en las modificaciones del Presupuesto 2026 la derogación de la Ley de Emergencia en Discapacidad y del financiamiento universitario. Este cambio no formaba parte del proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso. El artículo 75, que deroga las leyes 27.793 y 27.795, fue agregado posteriormente en el dictamen, lo que constituye una maniobra grave que busca avanzar en la eliminación de derechos sin debate público ni transparencia institucional. En el artículo 76 se intenta, de manera parcial, dar una respuesta a los prestadores mediante el establecimiento de un aumento trimestral, a propuesta del Directorio del Sistema Único de Prestaciones. En caso de que dicho Directorio no se reúna en ese período, el aumento quedaría a cargo del Ministerio de Salud, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, si se deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad, se perdería la compensación establecida para cubrir la diferencia entre el aumento de los aranceles y el IPC correspondiente al período diciembre de 2023 – diciembre de 2024. Además, quedaría sin efecto la medida que establecía el aumento de aranceles a partir de enero de 2025 y las actualizaciones mensuales según el IPC. Esta decisión implicaría que no se reconozca ni se pague la totalidad del atraso arancelario generado por el actual gobierno, que a agosto de este año alcanzaba el 70%, profundizando la crisis del sistema de prestaciones. Asimismo, se deja de lado la medida que establecía un aumento del apoyo mensual que reciben las y los trabajadores de los talleres protegidos, afectando de manera directa sus ingresos y condiciones de vida. Finalmente esta medida olvida a las personas con discapacidad en situación de pobreza que se veían reconocidas en la nueva figura de pensión creada por esta ley.  Se trata de un nuevo ataque a las personas con discapacidad, a sus familias y a las organizaciones que garantizan derechos fundamentales, y de una clara falta de respeto al Congreso Nacional y a los mecanismos democráticos. En la jornada de hoy, martes 16, comenzó la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, ámbito en el que se está discutiendo esta modificación regresiva. Desde el Foro exigimos que las y los legisladores asuman la responsabilidad que les compete y eviten que el Presupuesto 2026 sea aprobado con una derogación encubierta de leyes vigentes. Las personas con discapacidad no pueden ser una variable de ajuste. La eliminación de la emergencia en discapacidad profundizaría una situación ya crítica y vulneraría derechos reconocidos por ley. 📣 Llamamos a los medios de comunicación y a las y los periodistas a hacerse eco de esta denuncia, a visibilizar esta maniobra y a contribuir al control democrático de decisiones que afectan de manera directa a miles de personas en todo el país. El Foro Permanente continuará alertando y movilizándose para impedir retrocesos en materia de derechos y para exigir el cumplimiento de la ley.
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