La política de “oídos sordos y destrucción”, impulsada por el Gobierno Nacional —bajo la responsabilidad directa del Dr. Diego Spagnuolo y del Ministro de Salud, Dr. Mario Lugones—, afecta gravemente los cimientos del entramado social, atentando contra derechos fundamentales como la educación, la rehabilitación, el transporte y la atención integral, garantizados por la Ley 24.901.
La actual administración incumple con las pautas y medidas fundamentales que sostienen el funcionamiento del Sistema Único de Prestaciones Básicas para las Personas con Discapacidad. Por el contrario, sus decisiones afectan directamente la calidad de vida y las posibilidades reales de quienes integran este colectivo. La política de desfinanciamiento y destrucción de los sistemas de atención, de provisión de medicamentos y de insumos esenciales para garantizar una vida digna, expone con claridad el escaso valor que se les otorga a las Personas con Discapacidad.
Desde este Foro denunciamos que es inviable sostener los servicios destinados a las Personas con Discapacidad con un desfasaje superior al 70% en los aranceles del Sistema Único de Prestaciones Básicas. Es responsabilidad indelegable del Estado Nacional establecer aranceles acordes a las exigencias normativas, a los incrementos salariales y al aumento del costo de vida. De no revertirse esta situación de manera urgente, los servicios seguirán colapsando uno a uno, dejando a miles de Personas con Discapacidad sin la atención que por derecho les corresponde.
Por todo lo expuesto, solicitamos a cada uno de los destinatarios de esta nota que asuman el compromiso de actuar de manera urgente y directa para preservar y hacer valer los derechos de las Personas con Discapacidad. Hablamos de ciudadanos y ciudadanas argentinas cuyos derechos están siendo gravemente vulnerados por una administración que elige no ver la realidad de quienes más necesitan una respuesta hoy, no mañana.
Es imprescindible apelar a todas las herramientas legales y democráticas disponibles para señalar y exigir responsabilidad a quienes no obran con justicia, incumplen la ley y desconocen la Constitución Nacional que han jurado respetar. La omisión y la indiferencia no pueden ser toleradas cuando están en juego los derechos fundamentales de un sector históricamente vulnerado.
